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Se cumplieron 10 años de la Ley de Identidad de Género

En nuestra provincia, casi 1.300 personas accedieron al derecho de cambio de género gracias a la Ley 26.743.

El 9 de mayo de 2012 fue un mojón en la historia de las luchas que lleva adelante la comunidad travesti trans. Ese día, 55 senadores y senadoras votaron a favor de aprobar la Ley de Identidad de Género y la convirtieron en realidad. No hubo votos en contra y solo la chubutense Graciela Di Perna se abstuvo. ¿Qué cambió durante estos 10 años con esa ley? Para Franco Bonino, director de Diversidad de la Municipalidad de Córdoba y excoordinador de Casa Trans, “hubo un ascenso de los derechos culturales, económicos, políticos y sociales de la comunidad trans, que pudo instalarse como un movimiento establecido de renovación”. Aunque está claro que todavía falta mucho camino por recorrer y “el colectivo trans sigue viviendo en la miseria”, Bonino asegura que “el gran desafío es generar condiciones sociales más dignas para este colectivo”.

“Hubo una estrategia clara del movimiento de la diversidad sexual de cómo irrumpir en el debate público. Se presentó y se planteó primero, como estrategia de incidencia política, la Ley de Matrimonio Igualitario”, dice Bonino. Siguiendo el ejemplo de la lucha del colectivo LGBT de España, esa norma funcionó como una suerte de ariete, generó un gran debate y gracias a ello  “se fue generando una conciencia, sacando del clóset la temática”. “Esto permitió que la Ley de Identidad de Género, que es de vanguardia en el mundo, fuera casi un trámite express en el Congreso. La Ley de Matrimonio Igualitario generó una controversia con los sectores antiderechos que no pasó con esta otra ley, que es mucho más transformadora”, explica.

“Después de eso hubo una demanda de poner en la primera línea de la demanda a las personas de la comunidad trans. No son las últimas de la fila porque ni siquiera estaban en la fila. No tenían identidad, estaban condenadas a ejercer el trabajo sexual, tienen un promedio de vida de 35 años”, completa Bonino.

Para entender a fondo cómo cambió la situación de las personas trans y travestis se cuenta con muy poca información. Los datos del Registro Civil de la Provincia de Córdoba arrojan que hasta abril de este año 1.258 personas accedieron al cambio de género. 42 de esas personas eran menores. Por supuesto, el primer año -2012- es el que muestra un número más abultado: 271 personas accedieron al derecho al cambio de identidad en ese período. Los años siguientes muestran números variados pero crecientes en el último lustro, con un bache durante el primer año de la pandemia

Este año, la proyección muestra que el número podría estar entre los más altos. Hasta el 29 de abril, 80 personas accedieron al cambio de identidad de género. “No podemos manejarnos con los números del Registro Civil, porque también tenemos que cuidar a los compañeres que no accedieron a un cambio registral, ya sea porque no pudieron, porque desconocen que pueden hacerlo o porque no les interesa, pero la ley los salvaguarda”, señala Ivanna Aguilera, coordinadora del Área Trans, Travesti y No Binarie de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la UNC. Para Aguilera, existe la necesidad de  “tener un censo como el que vamos a tener el 18 de mayo”. Este censo va a permitir la actualización de datos a nivel nacional.

ConocerT, el relevamiento provincial

En Córdoba, la Comisión Interministerial de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad Sexual, está llevando adelante un programa de registro voluntario de personas trans y no binarias que denominó “ConocerT”. Este programa, creado en septiembre de 2015, se está haciendo efectivo ahora: en 2019 comenzaron las entrevistas personales en Villa María y, pandemia mediante, se continuó el trabajo en las ciudades de Alta Gracia, Río Cuarto, San Francisco, Cruz del Eje y Bell Ville. Aunque todavía no se difunden datos, el gobierno asegura que ya se entrevistaron a más de cien personas.

Una de las cosas que se destacan de este programa es que las entrevistas son realizadas por personas que integran la propia comunidad LGBTIQ+, lo que ayuda a generar un ambiente de mayor confianza, seguridad y respeto para la persona entrevistada.

Actualmente se están haciendo entrevistas en Laboulaye y en junio será el turno del operativo mayor: Córdoba capital. “Probablemente a mediados del segundo semestre podamos sacar un informe con todo lo recopilado”, anticipa Mauro Bologna, que tiene a su cargo la subsecretaría de Diversidad del Ministerio de Justicia y DDHH provincial. Además, destacó que se podrán cruzar los datos con la información que arroje el censo nacional. “Esa información va a servir de insumo para políticas públicas pero también para que las organizaciones puedan utilizarlas en sus reclamos y en las reivindicaciones de derechos”, agregó el funcionario.

Una ley histórica

Para les activistas de la diversidad sexual, esta ley marca un antes y un después. Thiago Galván, de la organización Devenir Diverse, opinó en el programa Redacción Abierta de Canal 10 que en la ley  “está presente el concepto de ciudadanía y ser reconocidos como sujetos de derecho de una sociedad”. “Es más que un plástico que dice nuestra identidad. Es la posibilidad de acceder al sistema de salud, a educación, a un trabajo formal”, señaló.

Para Ivanna Aguilera, esto último es central: “A la población trans y travesti femenina, la prostitución nos mata. El trabajo tiene mucho que ver, si pudiéramos acceder al trabajo formal tendríamos la expectativa de vida de cualquiera”. También hizo una consideración general de la dirección en que avanza la ley, ya que “desde la población trans y travesti lo único que pretendemos es tener una carta de ciudadanía plena de derechos, los mismos que tienen todos y todas”.

El futuro de la lucha travesti trans

Luego de la aprobación de la Ley 26.743, el otro gran avance de esta comunidad fue la Ley de Inclusión Laboral Travesti Trans, que llevó el nombre de Lohana Berkins y Diana Sacayán y fue sancionada el año pasado. ¿Y ahora? Franco Bonino considera que “es necesario que el Estado reconozca a las personas adultas mayores trans, que están solas” y sobre las cuales “el Estado generó una política de persecución y de exterminio”. Por eso, pide el desarrollo de una ley integral de personas trans que contemple la vivienda, educación, salud y reparación para esas personas.

“Es construir políticas de Memoria, Verdad y Justicia en clave transfeminista y es una deuda de la democracia con un colectivo que fue vapuleado durante la dictadura pero que tras eso las prácticas de la dictadura siguieron siendo utilizadas por los policías durante mucho tiempo”, cierra Bonino.