Desde la Federación de Bioquímicos de Córdoba están preocupados por la utilización de recursos públicos para resolver cuestiones relacionadas al COVID-19 que deberían atender obras sociales con fondos propios.
Carlos Navarro, villanovense, presidente de la mencionada entidad, planteó cuál es el panorama que están observando, incluso revelando ciertas sospechas sobre posibles adulteraciones de fichas epidemiológicas.
“La situación ha sido tan nueva que, de alguna manera, todos vamos aprendiendo a medida que avanza la pandemia. Los bioquímicos tenemos una comisión nacional que trabaja sobre el nomenclador nacional único que utilizamos para la contratación de servicios bioquímicos para todas las obras sociales y prepagas. Se asignaron unidades a cada una de las prestaciones y se incluyeron las prácticas vinculadas al COVID-19, cuando la situación ameritaba a medida que la ANMAT fue aprobando reactivos y se fueron incorporando, como la prueba serológica”, describió quien es secretario de la Confederación Unificada de Bioquímicos de la República Argentina (CUBRA) y estuvo al frente además de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica (Colabiocli).
Lo que planteó Navarro, seguidamente, es que “la respuesta que tuvimos de las obras sociales, nosotros como Federación, ha sido variable y lo que vemos es que hay clínicas que mandan directamente las pruebas al Laboratorio Central, que muchas han incorporado para la realización de la prueba PCR para internaciones y pre quirúrgicos”.
El problema, tal como lo plantean, es que “a aquel que tiene algún tipo de obra social, ésta se lo debe cubrir y no se está cumpliendo; así se genera la sospecha de que directamente envían la muestra al Laboratorio Central y para que tenga ingreso debe haber habido adulteración de datos en la ficha”.
En definitiva, lo que la entidad quiere revelar es que la única alternativa posible para que el Laboratorio Central dé ingreso a un estudio para internación o pre quirúrgico es que la confección de la ficha epidemiológica por parte de las clínicas sea con datos falsos, ya que con el objetivo de mantener el control de la pandemia y resguardo de los recursos públicos, el Laboratorio Central procesa solo las muestras correspondientes a pacientes sintomáticos, contactos estrechos de casos positivos y personal de salud sintomático que cumpla sus funciones en área COVID-19 con autorización del director de la institución donde desempeña sus funciones.
Navarro añadió, además, que “las obras sociales y prepagas, desde el 19 marzo en adelante, han disminuido muchísimo el gasto que tenían en prestaciones, pero han mantenido sus ingresos, y a la vez la Superintendencia generó ayudas a todas las prepagas vinculadas al tema COVID-19, y aun así no las incorporan porque consiguen prestadores o clínicas que lo hacen por menos valor y eso preocupa y genera sospechas”.
También hizo referencia a Apross, “que focaliza la prestación en un solo prestador, en vez de incluir a los prestadores habituales, porque tenemos seis o siete laboratorios que pueden dar respuesta, e impedir el convenio con los pequeños laboratorios dificulta la accesibilidad geográfica y genera movimiento de personas para la toma de muestras que se podría evitar”.
Incluso, Navarro acusó que “la semana pasada, Apross sacó una circular entregada a las clínicas donde dan una nómina de personas que participan del COE, es decir, hacen utilización de recurso público para resolver algo que deberían resolver con fondos propios”.
“Solicitamos la incorporación de estos códigos para no malgastar recursos públicos cuando es responsabilidad de las obras sociales cubrirlos”, cerró el profesional villanovense.
Fuente: El Diario