El decreto de desregulación económica que anunció este miércoles el presidente Javier Milei prepara el terreno para la privatización de las empresas públicas.

Forma parte de una de las columnas principales del mega DNU que publicó la Casa Rosada y que incluye cambios en distintas regulaciones en el funcionamiento del Estado y en la relación que tiene con el sector privado. Y también en el status jurídico de las empresas públicas.

En este último sentido, el decreto establece que este tipo de compañías deberán mutar a Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades. “Las sociedades o empresas con participación del Estado, cualquier sea el tipo o forma societaria adoptada, se transformarán en Sociedades Anónimas”, menciona el artículo 48° del DNU.

“Esta disposición comprende a las Empresas del Estado que no tengan una forma jurídica societaria, las Sociedades del Estado, las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, las Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones societarias donde el Estado nacional tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias y no se encuentren constituidas como sociedades anónimas”, detalló el decreto.

“Las Sociedades Anónimas transformadas estarán sujetas a todos los efectos a las prescripciones de la Ley General de Sociedades (…) en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna”, planteó.

El Gobierno de Milei había anunciado, antes del cambio de mando, que buscaría avanzar en la privatización de una veintena de empresas públicas, entre ellas Arsat, las compañías administradoras de los trenes, los medios públicos o la mayoría accionaria en YPF.

El decreto también menciona a Aerolíneas Argentinas. El capítulo II del DNU menciona que buscará sustituir el artículo 4° de la Ley N° 26.412. Ese artículo reza que el Estado autoriza “la cesión a los empleados de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A. por hasta un máximo del DIEZ POR CIENTO (10%) del paquete accionario de las respectivas empresas, de conformidad con el Programa de Propiedad Participada”.

Como contrapartida, el decreto de Milei prevé “la cesión, parcial o total, del paquete accionario” a los trabajadores de esas dos firmas. Y también deroga el artículo 9° de esa ley que establece que “en ningún caso el Estado nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad de decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma”. De esa forma, dejaría el Estado argentino de tener injerencia alguna en la compañía.