Tras más de doce horas de debate, la Cámara de Diputados decidió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy al mediodía para aprobar en general la Ley Ómnibus y continuar con el tratamiento de los artículos en particular.

Mientras dentro del recinto la sesión transcurrió sin mayores contratiempos, a excepción del cruce entre diputados del Frente de Izquierda con un empresario pyme que gritaba desde uno de los palcos, las negociaciones paralelas se desarrollaron a lo largo de toda la jornada.

Por la gran cantidad de temas que abarca el proyecto y por el número de oradores, se estimaba que la sesión duraría cerca de 40 horas. Por eso es que durante la reunión de Labor Parlamentaria de ayer se había esbozado la posibilidad de interrumpir el debate para que los diputados puedan dormir antes de continuar.

Los únicos que se opusieron fueron los integrantes de la bancada de Unión por la Patria. “Nosotros estamos para continuar esta sesión”, dijo Germán Martínez, molesto porque su partido no fue incluido en las negociaciones.

La sesión comenzó ayer a la mañana con el anuncio de una nueva tanda de recortes en el texto, como la exclusión de los artículos que cambiaban el Régimen Federal de Pesca (muy festejada por los gobernadores del sur), la eliminación de los artículos referidos al impuesto PAIS, a la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) al Tesoro Nacional y al régimen de Zonas Frías.

A su vez, también fueron retirados los cambios al Código Penal que impulsaba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Por ejemplo, los artículos 301 y 303, que detallaban las penas que podrían aplicarse a los organizadores de las manifestaciones. También los que definía como reunión o manifestación a la “reunión de 30 personas”, los que hacen obligatorio notificar al Ministerio de Seguridad cualquier “manifestación espontánea” y las sanciones para las manifestaciones que vulneren derechos de terceros.

De hecho, todavía se negocian modificaciones sobre resistencia a la autoridad, la legítima defensa en caso de huida y la potestad del Ministerio de Seguridad de no autorizar una movilización por cuestiones de “seguridad interior”.