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Gobierno elimina paridad de género 

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El Gobierno de Javier Milei ha derogado las resoluciones que establecían la paridad de género en empresas y asociaciones civiles, así como también el pago de pensiones a trabajadores discapacitados. 

El Gobierno de Javier Milei ha causado revuelo al derogar las resoluciones que garantizaban la paridad de género en los cargos directivos de empresas y asociaciones civiles. 

Esta medida, anunciada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, ha generado polémica y ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad.

Además de la eliminación de la paridad de género, el Gobierno también ha puesto fin al pago de pensiones a personas discapacitadas con empleo formal. 

Hasta ahora, aquellos que contaban con este beneficio y percibían menos de cuatro jubilaciones mínimas en sus trabajos formales recibían una pensión no contributiva por invalidez. 

Sin embargo, esta medida ha sido derogada, dejando a estas personas en una situación de mayor vulnerabilidad.

Otra medida controvertida ha sido la supresión de los beneficios sociales para los trabajadores rurales que cuentan con aportes patronales. 

Anteriormente, estos trabajadores tenían la posibilidad de acceder a programas como el Potenciar Trabajo y la tarjeta alimentar. Sin embargo, a partir de ahora, ya no podrán beneficiarse de estos programas, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores del sector.

El Gobierno argumenta que estas medidas se basan en decisiones judiciales que han invalidado la paridad de género y que la Inspección General de Justicia ha invadido facultades del Congreso al establecer esta obligación. 

Sin embargo, diversos sectores critican estas justificaciones y acusan al Gobierno de estar retrocediendo en materia de derechos y equidad de género.

La eliminación de la paridad de género y los recortes en los beneficios sociales para trabajadores rurales y personas discapacitadas han generado un amplio debate en la sociedad. 

Mientras algunos defienden estas medidas como una forma de reducir el intervencionismo estatal, otros las consideran un retroceso en los avances logrados en materia de igualdad y protección social.

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