Docentes, estudiantes y representantes de distintas organizaciones encabezaron ayer distintas ciudades del país, en defensa de la educación pública y en contra del ajuste presupuestario a las universidades públicas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

En la Ciudad de Buenos Aires, se leyó un documento en rechazo a las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. «Las universidades atraviesan un período crítico como consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno nacional», advirtieron y pidieron «más inversión».

El texto, elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el máximo organismo que nuclea a los rectores de las universidades públicas nacionales, junto a la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, fue leído por Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la FUA.

«Las universidades son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales», señalaron y destacaron la importancia de que sea «pública, gratuita e irrestricta en el ingreso, de excelencia, con libertad y equidad. Somos la universidad pública para el gran pueblo argentino».

Pese a la importancia que tienen las casas de altos estudios, advirtieron que en los últimos meses «han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los gastos de funcionamiento», la partida que el Poder Ejecutivo envía mes a mes para que puedan pagar servicios, mantener los edificios, cubrir las becas, sostener la continuidad de los comedores o invertir en desarrollo y hospitales.

«Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. El incremento del 70% de estas partidas, dispuesto para el mes de marzo, más el reciente anuncio, en el marco de esta convocatoria, de un 70% adicional, constituyen un aliciente aún insuficiente en tanto la inflación fue de un 300% en el mismo período de tiempo», manifestaron.

Asimismo, denunciaron que las obras del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que destina fondos para el desarrollo de infraestructura con nuevas obras que, debido a su envergadura, no pueden afrontar con el presupuesto propio, «se encuentran paralizadas y no hay certezas ni información respecto de su continuidad».

Además de advertir el recorte en gastos de funcionamiento y de infraestructura, el documento expresó fuertes críticas al Gobierno por el congelamiento en las partidas para salarios. «Más del 90% de lo que el Estado invierte en educación superior se destina al pago de salarios de los que trabajan como docentes y no docentes. En los últimos meses, el salario ha perdido el 50% respecto de la inflación», indicaron.

«Este deterioro se hermana con el resto de los sectores del mundo del trabajo», cuestionaron, y pidieron que «ningún trabajador o trabajadora esté por debajo de la línea de la pobreza».

Ante este esta situación, resaltaron la defensa «del acceso a la educación de las grandes mayorías». «No queremos que nos arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no les pertenece. Somos orgullosos hijos e hijas de la universidad pública argentina», añadieron.

Sobre el final, aseguraron que «todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación y universidad pública, con más inversión en ciencia y tecnología. Queremos que nuestras instituciones sean el dispositivo que le permitan a la Argentina desandar las desigualdades estructurales y emprender la senda del desarrollo y la soberanía. La educación nos salva y nos hace libres. Convocamos a la sociedad Argentina a defenderla».