El Gobierno implementa nuevas medidas que afectan salud, educación y ciudadanía de migrantes

El Gobierno argentino oficializó la reforma migratoria mediante el Decreto 366/2025, publicado en el Boletín Oficial el 29 de mayo. 

Esta normativa introduce cambios significativos en las políticas de inmigración, afectando el acceso a la ciudadanía, la salud y la educación para los extranjeros no residentes.

Uno de los puntos centrales es la modificación en los requisitos para obtener la ciudadanía argentina por naturalización. 

Ahora, se exige una residencia continua y legal de dos años sin salidas del país. Además, el otorgamiento de la ciudadanía pasa de la órbita del Poder Judicial a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). 

Se crea también la figura de «Ciudadanía por Inversión Relevante», permitiendo a extranjeros que realicen inversiones significativas acceder a la ciudadanía, independientemente del tiempo de residencia.

En cuanto a la salud, la reforma establece que los extranjeros no residentes deberán pagar por la atención médica en hospitales públicos, salvo en casos de emergencia. 

Esta medida ya ha sido implementada en provincias como Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy, donde se reportaron ahorros fiscales significativos y una reducción en la atención a extranjeros no residentes.

Respecto a la educación, las universidades públicas podrán cobrar aranceles a estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente.

 Aunque la decisión final recae en cada institución debido a su autonomía, el Gobierno nacional impulsa esta medida como una fuente adicional de financiamiento para las casas de estudio.

La reforma también introduce la figura de «residencia precaria», válida por 90 días y renovable, que permite a los extranjeros permanecer, trabajar y estudiar en el país mientras se resuelve su situación migratoria. 

Sin embargo, esta residencia no garantiza la aprobación del trámite principal ni se considera válida para acreditar arraigo.

Estas medidas han generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, que cuestionan la legalidad de implementar cambios tan significativos mediante un decreto de necesidad y urgencia, especialmente cuando el Congreso se encuentra en período de sesiones ordinarias. 

El Gobierno, por su parte, argumenta que las modificaciones son necesarias para adaptar la legislación a los desafíos actuales en materia migratoria y garantizar el bienestar de los ciudadanos argentinos.