El Gobierno difundió la Ley de Libertad Educativa.

Propone modificaciones centrales en el sistema, entre ellas la implementación de vouchers, la eliminación del financiamiento progresivo del sector y el reconocimiento oficial de formas alternativas de enseñanza, como la educación en el hogar.

La iniciativa, de 68 páginas, elimina la meta de financiamiento del 6% del PBI prevista en la Ley de Educación Nacional y establece que las provincias deberán sostener el sistema educativo, con aportes obligatorios a instituciones privadas. El proyecto también incorpora mecanismos de financiamiento por demanda, que incluyen vales, becas o bonos para garantizar la libre elección de las familias.

Además, redefine el artículo 9 de la ley vigente, reemplazando obligaciones de inversión por un listado de deberes para los estudiantes. En materia de financiamiento, el Estado nacional, las provincias y la Ciudad deberán asegurar la equidad entre escuelas estatales y privadas. La propuesta incluye principios de “eficiencia” y “libertad”, orientados a reducir gastos y ampliar la oferta educativa.

El texto reconoce como oficiales modalidades alternativas, entre ellas la educación en el hogar dirigida por responsables parentales y la educación en entornos virtuales mediante sistemas digitales integrales.