La gestión de Javier Milei eliminó del registro a múltiples obras sociales y mutuales, dejando en incertidumbre a miles de afiliados.

El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, resolvió dar de baja y suspender a más de veinte obras sociales y entidades de medicina prepaga por no cumplir con los requisitos de solvencia y funcionamiento establecidos por la ley.

Desde el Ejecutivo justificaron la medida señalando irregularidades administrativas, falta de documentación y ausencia de planes de contingencia. La gestión de Javier Milei enmarca la decisión en una política de “depuración” del sistema de salud.

Sin embargo, el impacto real de la medida genera preocupación. Miles de afiliados quedaron en una situación de incertidumbre, sin información clara sobre cómo continuará su cobertura médica ni qué alternativas tendrán para garantizar la atención.

En un contexto de fuerte ajuste, recortes presupuestarios y aumentos en las cuotas de la medicina privada, la salida abrupta de estas obras sociales vuelve a poner en discusión el rol del Estado en la garantía del derecho a la salud y la fragilidad de un sistema cada vez más segmentado.