Ingenieros cordobeses cuestionan una normativa nacional que centraliza certificaciones en Buenos Aires y alertan por la falta de controles presenciales.

El Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba (CIEC) denunció la existencia de una “aduana técnica” en los controles de transporte que, desde 2009, concentra la certificación de seguridad vehicular en un reducido grupo de profesionales habilitados por una normativa nacional.

La polémica se remonta a la Disposición 25/2009, que creó un registro cerrado mediante el cual solo 15 ingenieros, con base en Buenos Aires, quedaron habilitados para certificar reparaciones y modificaciones en camiones y colectivos de todo el país.

Según explicó Inti Smith, presidente del CIEC, el sistema terceriza el poder de policía del Estado y delega controles clave en una asociación privada porteña, dejando afuera a organismos públicos como el INTI o universidades nacionales.

Desde el Colegio advirtieron que la certificación se transformó en un costo fijo sin control real, con montos que llegan hasta los 400 mil pesos por vehículo, y alertaron sobre el impacto directo en la seguridad vial, especialmente en Córdoba, uno de los principales nodos logísticos del país.

Aunque el Gobierno nacional intentó introducir cambios para reconocer informes de ingenieros matriculados en las provincias, una cautelar judicial mantiene el sistema vigente y bloquea la apertura del control técnico.