Demoras en turnos, falta de medicamentos oncológicos y municipios que cubren lo que el Estado nacional no responde: la situación del PAMI expone una crisis estructural que impacta de lleno en los adultos mayores.

La crisis del sistema de salud para jubilados en Argentina dejó de ser un problema administrativo para convertirse en una urgencia social. Lo que ocurre hoy con el PAMI, según advierten intendentes y profesionales de la salud, es el resultado de un deterioro progresivo que ya está impactando directamente en la vida —y en muchos casos en la supervivencia— de los adultos mayores.

El intendente de Santiago Temple y médico gerontólogo, Marco Ferace, describe una realidad que se repite en todo el país: municipios que, desde hace meses, vienen cubriendo prestaciones que debería garantizar el organismo nacional. Traslados, emergencias, turnos médicos y asistencia básica son hoy sostenidos con recursos locales, en un contexto donde además los fondos también se reducen.

“Los pacientes no siempre perciben el problema directamente porque el municipio lo amortigua. Pero cuando piden un turno, ahí aparece la realidad: lo que antes se resolvía en 15 días, hoy puede demorar tres meses, incluso en casos urgentes como cáncer”, advierte.

El dato no es menor. La demora en diagnósticos y tratamientos oncológicos marca un punto crítico: hay pacientes que llevan meses sin recibir medicación esencial. En términos sanitarios, esto implica retrocesos en tratamientos ya iniciados y riesgos concretos para la vida.

El problema, sin embargo, no se limita a un eslabón. Ferace lo define como una falla integral del sistema: clínicas con cupos reducidos, farmacias con pagos atrasados, médicos de cabecera sin actualización de honorarios y con mayores exigencias administrativas, y jubilados obligados a trasladarse varias veces para autorizar prácticas o medicamentos.

En términos políticos, el conflicto también escala. Más de 300 municipios presentaron reclamos conjuntos sin obtener respuestas. La tensión entre Nación, provincias y gobiernos locales comienza a traducirse en una pregunta de fondo: ¿quién sostiene hoy la atención de los jubilados?

Mientras tanto, el sistema se mantiene en pie por una lógica de contención informal. Médicos que siguen atendiendo por compromiso, farmacias que financian prestaciones y municipios que absorben costos. Pero todos coinciden en lo mismo: el margen se está agotando.

“El sistema no se va a poder sostener mucho más si sigue así”, advierte Ferace.

El impacto social es desigual. Aquellos jubilados con redes familiares logran sortear las trabas. Pero quienes están solos quedan expuestos a un sistema cada vez más burocrático y menos accesible. En ese punto, la crisis deja de ser sanitaria para convertirse en un problema de vulnerabilidad estructural.

La situación actual también desnuda un problema de gestión de largo plazo. Según el propio intendente, el deterioro no es reciente: “Esto tendría que haberse empezado a resolver hace dos años. Hoy estamos viendo las consecuencias”.

En un país donde el envejecimiento de la población es creciente, el colapso del sistema de atención para jubilados no es solo un problema sectorial. Es un síntoma de un modelo que no logra garantizar lo básico: acceso a la salud en tiempo y forma.