Un estudio del CEPA revela que el Gobierno omitió computar ese costo fiscal en el presupuesto. Solo en ganancias el fisco resignará 545 millones de dólares. Ahora el Gobierno impulsa un «Super RIGI» que baja la alícuota al 15%.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones dejará de recaudar 1.069 millones de dólares solo por los doce proyectos ya aprobados, según un estudio del Centro de Economía Política Argentina. El informe se basa en datos presentados por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso y revela que el Gobierno decidió omitir ese costo fiscal en el presupuesto nacional, a diferencia de lo que establece la práctica habitual para los regímenes de gasto tributario.
Las exenciones abarcan derechos de exportación con alícuota cero, una tasa de ganancias del 25% frente al 35% del régimen general, exención de aranceles de importación sobre bienes de capital e insumos, y reducción de la alícuota sobre dividendos para accionistas no residentes. Solo el diferencial en ganancias explica 545 millones de dólares, más del 50% del total resignado.
El informe también desmonta el argumento oficial de que el RIGI genera inversiones que de otro modo no existirían: al menos siete de los doce proyectos aprobados ya habían sido anunciados por las empresas antes de la aprobación de la ley. Entre ellos figuran el proyecto de litio de Galan Lithium, el parque solar El Quemado, el Vaca Muerta Oleoducto Sur, el Rincón de Litio de Río Tinto, el proyecto de plata Diablillos y el mega proyecto de cobre Los Azules. En todos los casos hay fuentes periodísticas previas a la asunción del Gobierno que confirman que las inversiones ya estaban planificadas.
El CEPA también destaca el rol dominante de YPF, empresa con mayoría accionaria estatal, que participa directa o protagónicamente en proyectos que concentran el 68,5% del monto total comprometido bajo el RIGI. Como si los beneficios ya otorgados no fueran suficientes, el Gobierno anunció la creación de un «Super RIGI» que reduciría la alícuota de ganancias al 15%, frente al 35% que pagan el resto de las empresas y los trabajadores que superan determinados umbrales de ingreso.



