Un informe de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera estima capturas extranjeras de entre 1,5 y 3 millones de toneladas anuales en el Atlántico Sudoccidental, frente a las 750.000 a 900.000 toneladas que desembarca Argentina. Los poteros chinos aumentaron su presencia un 85% desde 2019.

Entre 400 y 600 buques extranjeros, principalmente chinos, surcoreanos y taiwaneses, operan anualmente en el límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina extrayendo recursos del mar patagónico a una escala que duplica, triplica o cuadruplica la pesca nacional. Así lo estima un informe de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, que calcula capturas extranjeras de entre 1,5 y 3 millones de toneladas anuales frente a las 750.000 a 900.000 toneladas que desembarca toda la industria argentina. Los niveles de extracción en la zona crecieron un 65% entre 2019 y 2024, y la flota china incrementó su esfuerzo pesquero un 85% en ese período.

El caso más preocupante es el del calamar Illex argentinus, especie de ciclo biológico brevísimo que vive apenas uno o dos años y cumple un rol central en la cadena alimentaria marina. La Environmental Justice Foundation advirtió que la combinación de sobrepesca y condiciones ambientales adversas podría generar «un colapso poblacional en apenas un año.» El antecedente concreto ya ocurrió: en 2024, las autoridades de las Islas Malvinas cancelaron la segunda temporada de calamar Loligo porque la biomasa estimada cayó por debajo del umbral de conservación de 10.000 toneladas.

Las flotas extranjeras emplean diversas tácticas de evasión: apagan deliberadamente el sistema de identificación automática AIS para desaparecer de los radares cuando ingresan en zona prohibida, utilizan redes de arrastre prohibidas y operan bajo banderas de conveniencia de países como Vanuatu y Camerún para ocultar su origen chino. Buques nodriza y cargueros frigoríficos se anclan en el borde de la zona exclusiva para reabastecer y recibir la pesca, permitiéndoles operar meses sin tocar puerto. Las pérdidas económicas para Argentina superan los 1.000 millones de dólares anuales.

El gobierno argentino aplicó por primera vez una sanción de magnitud real al arrastrero Bao Feng, de capital chino con bandera de Vanuatu, con una multa de 1.262 millones de pesos. El procedimiento marcó un precedente al demostrar que la detección electrónica tiene valor probatorio equivalente a la intervención directa en el mar. A la presión en la milla 201 se suma otro problema: el Reino Unido explota desde las Islas Malvinas los recursos migratorios argentinos mediante licencias pesqueras a flotas de terceros países, sin control del Estado argentino, generando unos 1.000 millones de dólares anuales.