En pleno debate por la “redefinición de la estrategia” con Córdoba, la Casa Rosada analiza qué pasos dará en la provincia más refractaria al Frente de Todos.
En un primer momento, siete cordobeses se sentaron en sillas con incidencia en la gestión: Martín Gill, al frente de la Secretaría de Obras Públicas; Cecilia Merchán, secretaria de Políticas de Igualdad; Néstor Moccia, en la Jefatura de Gabinete; Walter Saieg, secretario de Transporte; Gabriel Bermúdez, subsecretario de Transporte; Rodrigo Rufeil, presidente de Ferrocarriles Argentinos; y Marcos Farina, que reemplazó a Bermúdez. Todos los funcionarios de Transporte respondían a Carlos Caserio, por entonces senador nacional.
El poderío de la tropa de Caserio se fue diluyendo por cuestiones domésticas: Bermúdez se alejó en octubre de 2020 y Saieg debió regresar a Córdoba para ocupar su banca de legislador. El primero, tras permanecer como asesor de Massa en Diputados, fue designado por Martín Llaryora como secretario de Desarrollo Metropolitano. Rufeil se mantuvo en el esquema hasta el “catastrófico resultado electoral” de noviembre, cuando optó por volver a la Unicameral como soldado de Hacemos por Córdoba.
La no peronista Merchán, en cambio, renunció por el arribo de Juan Manzur a la Jefatura de Gabinete: ella y su jefa, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, lo habían denunciado penalmente en 2019 por rechazar que una niña que había sido violada accediera a un aborto legal.
En este tira y afloje, sólo retuvieron sus sillas Moccia (que no es PJ) y Farina, quien tras la salida de los funcionarios de Caserio de Transporte ascendió a secretario de Articulación Interjurisdiccional.
Como salta a la vista, el esquema de poder cordobés en Transporte quedó recortado y condicionado.
Los cordobeses que actualmente se desempeñan como funcionarios de Transporte son “terminales” de Adriana Nazario, quien busca mantener su estructura bajo el “paraguas” del Frente Renovador de Sergio Massa, el último aliado de José Manuel de la Sota.
Hacia allí va La Militante residual, sin ánimo de dejar Hacemos por Córdoba. De hecho, Edgar Bruno, el intendente de Canals y uno de los fundadores de la agrupación, se anticipó a lanzar la candidatura a gobernador de Llaryora.
Gill, el articulador
Pese a su renuncia como funcionario, en el Gabinete nacional reconocen el “peso político” de Martín Gill, a quien le valoran “no haber escrito el diario de Yrigoyen: dijo que pasaría lo que finalmente pasó en Córdoba”. Es una factura a Caserio por “vender una estrategia errónea”.
Dicen en la Rosada: “Gill puede ser quien articule con los intendentes de Córdoba, Martín Llaryora incluido, en un año en el que la gestión será clave”. “Con Córdoba, debemos re- vincularnos desde la gestión, la política quedará para el 2023″, es la síntesis.
En esa línea, anticipan que “la base de los intendentes seguirá en manos de Gill”, aunque resta definir el cómo. Se descarta que podrá por sí mismo generar “nuevos compromisos” con jefes comunales, el acceso a una billetera clave para su proyecto.
“El enorme desafío no es solo construir mayorías, sino replantear acuerdos para generar esa fuerza social capaz de seguir transformando Córdoba”
Martin gill
También anticipó: “Estamos trabajando en consolidar el espacio articulado de los intendentes para ser protagonistas de la Córdoba que viene”.
La foto de Llaryora y los funcionarios nacionales en el viaje inaugural del Ferrourbano explicita esa estrategia. En ese sentido, en el kirchnerismo duro reconocen un “activo” en Llaryora: “No hizo antikirchnerismo ni tuvo un papel preponderante en el discurso cordobesista de Schiaretti”.
En el kirchnerismo también valoran que Gabriela Reyes, “un cuadro” de La Cámpora, ocupe la Subdirección de Infancias, Juventudes y Familias de la Municipalidad. Hay una banca en Diputados que el kirchnerismo sigue de cerca: la de Ignacio García Aresca, “hermano de la vida” del intendente capitalino.
“Llaryora quiere al peronismo unido; pero no está claro si Schiaretti integrará al kirchnerismo, aunque sea en lugares secundarios”, explican en El Panal. Saben que uno de los puntos críticos de su gestión, el transporte, depende de los subsidios nacionales.
Habrá que esperar algunas semanas: el cierre de listas peronistas será el 28 de febrero. Ese día comenzará a resolverse el acertijo del peronismo que viene.
De los intendentes, en el Ministerio de Gobierno provincial –comandado por Facundo Torres, un ex intendente– se siguen con atención los pasos de Gill como constructor: entienden que los jefes locales serán “permeables” a los recursos nacionales y que varios los usarán para disputar liderazgos partidarios en marzo.
En ese sentido, una zona en la cual los funcionarios de Torres posan la lupa es el departamento Marcos Juárez, donde una buena porción de intendentes jugó junto a Gill.
