En medio de la discusión política por el veto total de Javier Milei a la ley de Movilidad Jubilatoria, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que el gobierno nacional no tiene previsto aumentar el monto del bono que le paga a los jubilados.
“Todo aumento, o en este caso un bono, va a estar atado siempre al superávit fiscal, y hoy no están dadas las condiciones para que eso ocurra”, planteó el funcionario durante su habitual conferencia de prensa. Así, descartó una posibilidad que estuvo bajo análisis en el área de Economía: un incremento extra del 8% al bono que los jubilados reciben en el marco del sistema de actualizaciones vigentes.
El veto total a la Movilidad Jubilatoria fue oficializado el pasado lunes, cuando se publicó en el Boletín Oficial. El decreto 782/2024 alega que la iniciativa aprobada por el Congreso es “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. Este fue el principal argumento que sostiene el Ejecutivo desde la sanción de la ley. También se planteó que el proyecto “padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las dificultades que presentaría su implementación”.
En el texto de la norma, a su vez, convocaron al Poder Legislativo a “actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y desnutrición de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”. “La administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, procurando alcanzar el bien común que debe guiar toda política de gobierno”, se sostiene el veto.
En ese sentido, se enfatizó en que Presupuesto se diseñó con base en un “programa general de gobierno —que no es simplemente el programa del Presidente, sino el programa que el pueblo votó al elegir al Presidente— y al plan de inversiones públicas”. Y se advirtió que la iniciativa complicaría la recuperación del sistema previsional al proyectar que generaría futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios al no especificarse la fuente del financiamiento.
Para ejemplificar sus argumentos, el Ejecutivo mencionó que el impacto estimado de la medida asciende a 6.160.000.000.000 para el año 2024, es decir, seis billones ciento sesenta mil millones de pesos, y unos 15.430.000.000.000 para el año próximo. Estos números “equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquel, estimado para el año entrante”.
Con respecto al gasto previsional que implicaría para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), calculan que dichos importes representan un incremento del 18,5% para el año 2024 y de 29,2% para el año 2025. Además, indicaron que si las erogaciones citadas se relacionaran con el gasto primario de la Administración Nacional, previsto en el presupuesto vigente, la medida “conllevaría un aumento de aproximadamente el 8% del referido presupuesto en términos anuales”.
