Las iniciativas, firmadas por Milei y ministros del área social y judicial, proponen dar mayor rol a los psiquiatras, redefinir criterios de internación involuntaria y auditar las pensiones que pasaron de 76.000 a 1.200.000 en 20 años.

El Gobierno nacional remitió este viernes al Congreso dos proyectos de ley: uno para modificar la Ley de Salud Mental y otro para combatir el fraude en las pensiones no contributivas por invalidez. Las iniciativas fueron analizadas previamente en una reunión de la mesa política convocada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El proyecto de salud mental busca actualizar el marco normativo para mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre legal. Entre los cambios propuestos se destaca el mayor protagonismo de los médicos psiquiatras en el abordaje de estas problemáticas, la sustitución del término «padecimiento mental» por definiciones basadas en la Clasificación Internacional de Enfermedades y la redefinición de los criterios para las internaciones involuntarias. En lugar del concepto de «riesgo cierto e inminente», el proyecto incorpora la noción de «situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros», apuntando a evitar situaciones de duda o inacción por parte de los profesionales.

El segundo proyecto se enfoca en las pensiones por invalidez, cuyo número pasó de 76.000 en 2003 a aproximadamente 1.200.000 en 2023. El Gobierno señala que auditorías detectaron una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir los requisitos legales, con domicilios inexistentes y casos donde no se verificaron las condiciones médicas exigidas. La iniciativa propone auditorías periódicas, cruce de datos con organismos públicos, posibilidad de suspender beneficios ante incumplimientos y un reempadronamiento obligatorio de los titulares. El beneficio quedará fijado en el 70% del haber mínimo jubilatorio y será incompatible con el empleo formal.