La asistencia de ésta y la anterior gestión no logran revertir la crisis de la empresa.

La crisis que atraviesa desde hace años la empresa láctea Sancor se agudizó con el cierre de cuatro plantas y el despido de los 500 trabajadores que se desempeñan en esos lugares, según publicó el portal Nuestro Agro.

La firma pasa por una delicada situación y viene intentando renegociar un abultado pasivo.

LA POSICIÓN DEL GOBIERNO. Buryaile pide reestructuración.

Según se conoció, los encargados de las plantas ubicadas en las localidades cordobesas de Brinkman y Coronel Moldes y en Charlone (Buenos Aires) y Centeno (Santa Fe) recibieron la orden de no recibir materia prima y de comenzar a trabajar para desactivarlas.

«La merma de producción de leche acelera las decisiones para ejecutar un achicamiento que se le reclamaba a los directivos, se estima que de las 15 plantas, de aquí a fin de año, quedarán nueve operativas», señaló la publicación.

El cierre de la planta de Brinkman se viene barajando desde hace un tiempo.

LA PLANTA DE BRINKMAN. La oferta del municipio.

Tanto la actual gestión de Mauricio Macri como la anterior de Cristina Fernández asistieron finaciaremente a Sancor, sin que la compañía haya registrado avances.

La cooperativa Sancor estuvo a punto de hundirse antes durante el kirchnerismo que le consiguió un acuerdo para vender leche en polvo a Venezuela.

En las cuatro plantas en cuestión no se elabora leche fluida, sino que se realizan otros productos lácteos. Las plantas de otras empresas de la zona cercana a Rafaela (como Williner y Saputo) están trabajando con los tamberos que SanCor está abandonando.

Los directivos de Sancor mantuvieron reuniones con el presidente Mauricio Macri, donde pidieron asistencia por $ 4.000 millones. El Gobierno les contestó que ya le habían prestado $ 250 millones y que ese dinero no logró una mejora en el funcionamiento de la firma. Ya Croistina Fernández también le había otorgado un crédito similar.

Pasivos y deuda de Venezuela

Sancor presentó pérdidas superiores a los 1.500 millones de pesos en el primer trimestre de 2016, según pudo comprobarse en los balances que envió la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El principal motivo de ese rojo operativo corresponde a la deuda de U$S 150 millones contraída por el gobierno de Nicolás Maduro, señalaron medios de Buenos Aires.