La administración nacional dispuso un fuerte recorte a la empresa estatal que opera las centrales nucleares. La medida genera alertas por el impacto en proyectos estratégicos y reaviva versiones de privatización.
El Gobierno nacional dispuso un recorte de $30.000 millones a Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa estatal encargada de administrar las centrales nucleares del país y generar energía eléctrica, en el marco de una readecuación de partidas del Presupuesto 2023, que impacta en el ejercicio vigente.
La decisión se conoció mientras avanza el debate por el Presupuesto 2026 y forma parte de una serie de modificaciones impulsadas por la gestión de Javier Milei, orientadas —según el Ejecutivo— a cubrir “gastos impostergables”.
Además del ajuste a Nucleoeléctrica, el Gobierno incluyó una quita de $658 millones al fondo fiduciario para el descuento de tarifas de gas en zonas frías, junto con recortes en universidades nacionales y en áreas vinculadas al sistema científico y energético.
La diputada nacional Adriana Serquis, ex titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), advirtió que el desfinanciamiento podría estar vinculado a un plan de privatización de la empresa estatal. Consideró la decisión “preocupante” y remarcó que Nucleoeléctrica participa actualmente en proyectos estratégicos para el desarrollo energético del país.
Según explicó, el recorte podría ralentizar iniciativas en curso o generar una imagen de déficit financiero, utilizada como argumento para justificar cambios estructurales en la empresa.
En relación al presupuesto 2026, Serquis alertó sobre artículos que afectarían el financiamiento mínimo de la educación, la ciencia y la tecnología, y anticipó posibles acciones judiciales al considerar que una ley presupuestaria no puede derogar normativas previas que garantizan esos recursos.
