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El caso del fentanilo contaminado suma 90 muertos y la Justicia investiga al Ministerio de Salud y a la ANMAT por posibles demoras

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El juez Kreplak amplió los procesamientos y determinó que la ANMAT demoró diez días en prohibir el lote contaminado pese a haber recibido la alerta el 2 de mayo de 2025. El número real de víctimas podría ser aún mayor.

La causa por el fentanilo contaminado sumó un nuevo capítulo con la decisión del juez federal Ernesto Kreplak de ampliar los procesamientos contra Ariel García Furfaro y otros 12 imputados, a quienes considera responsables de otras 70 muertes y 44 lesiones adicionales a las 20 analizadas inicialmente. El total de víctimas fatales vinculadas al medicamento adulterado asciende así a al menos 90, aunque el magistrado advirtió que «la cifra real se estima en mucho mayor a la que fue posible consolidar judicialmente.»

La investigación apunta ahora a determinar la responsabilidad de los organismos de control: la ANMAT, el Instituto Nacional de Medicamentos y el Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones. Según surge de la causa, la ANMAT recibió el 2 de mayo de 2025 una alerta del Hospital Italiano de La Plata sobre la presencia de bacterias en ampollas de fentanilo HLB. Sin embargo, la denuncia formal fue presentada recién el 12 de mayo y la prohibición del lote contaminado se dispuso tres días después. «ANMAT tomó conocimiento de lo sucedido el día 2 de mayo», señaló Kreplak en su resolución.

Las pericias determinaron que las ampollas del lote 31202 contenían bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia, detectadas en pacientes de terapias intensivas y quirófanos. El lote llegó a 52 establecimientos sanitarios de cinco jurisdicciones del país. A partir del análisis de más de 10.500 pacientes que recibieron el medicamento, los investigadores identificaron 90 fallecimientos y 44 personas con lesiones. Para el juez, la distribución del producto contaminado introdujo «una peligrosidad concreta en el sistema sanitario argentino», y las fallas se atribuyen a «la inobservancia sistemática y generalizada de las Buenas Prácticas de Fabricación» en Laboratorios Ramallo.

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